Representantes del PP se reunieron con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres para abordar los fallos en las pulseras de control de agresores, la falta de efectivos policiales y los problemas de acceso a la justicia en la provincia.
El Partido Popular (PP) de Córdoba ha mantenido un encuentro con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres en el que han participado la senadora Cristina Casanueva, la diputada provincial Auxiliadora Moreno y la concejal del Ayuntamiento de Córdoba Marián Aguilar. En la reunión se han abordado varios asuntos relacionados con la protección de las víctimas de violencia de género en la provincia.
Fallos en las pulseras de control
Según informa el PP de Córdoba, el dispositivo de pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad presenta fallos técnicos constantes, entre ellos errores de localización tanto de víctimas como de agresores. El partido señala que más de 800 agresores permanecen en la calle sin llevar estas pulseras, lo que impide hacer seguimiento de sus casos.
Violencia vicaria y protección de menores
En el encuentro también se ha tratado la violencia vicaria y la protección de los menores, incluida la situación de los hijos cuando cumplen dieciocho años y salen del sistema de protección. Los asistentes han señalado la importancia de la formación y la visibilidad en todos los niveles de la sociedad para concienciar sobre esta realidad y dotar de herramientas para actuar ante posibles casos.
Falta de efectivos policiales
El PP ha planteado además la falta de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia de Córdoba, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, lo que a su juicio supone una merma en la seguridad general y, en particular, en la de las víctimas de violencia de género.
Centralización de los juzgados
Otro de los puntos tratados ha sido la centralización en Córdoba capital de los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Según explica el PP, los asuntos de violencia de género procedentes de los partidos judiciales de Lucena, Cabra o Pozoblanco se tramitan ahora en la capital, lo que obliga a las víctimas de esas zonas a desplazarse decenas de kilómetros. El partido afirma que esta situación está provocando que se presenten menos denuncias en las zonas rurales de la provincia.
A esto se suma, según el PP, la ampliación de las competencias de los juzgados de Córdoba capital para asumir todos los delitos contra la libertad sexual, lo que ha incrementado la carga de trabajo de unos órganos que ya estaban tensionados. El partido advierte de que esta sobrecarga podría afectar a la tutela judicial efectiva al retrasar la respuesta judicial que necesitan las mujeres que sufren violencia.