ASAJA Córdoba asks that the Watercourse Inventory not alter property or irrigation on its own

ASAJA Córdoba reclama que el Inventario de Cauces Públicos se use como herramienta técnica de apoyo y no como sustituto de los procedimientos legalmente establecidos. La organización advierte de que atribuir a su cartografía efectos propios de un deslinde tendría «importantes consecuencias para las explotaciones agrarias».

La preocupación del sector se trasladó al periodo de información pública, en el que ASAJA Córdoba presentó más de una treintena de expedientes de alegaciones de socios afectados. La asociación cuestiona las consecuencias que tendría para sus fincas la inclusión de terrenos como cauces, tanto sobre la propiedad como sobre el ejercicio de derechos de riego ya reconocidos. Según explica la organización, el Inventario se ha elaborado principalmente a partir de cartografía preexistente y procesos semiautomáticos, una metodología que puede generar errores al trasladarse a parcelas concretas. Por eso pide que se compruebe la realidad de los terrenos afectados y que las alegaciones se estudien de forma individualizada antes de adoptar decisiones.

ASAJA Córdoba recuerda que la Ley de Aguas atribuye al deslinde aprobado la declaración de la posesión y la titularidad de los terrenos a favor del Estado. Sostiene por ello que la cartografía del Inventario no puede equipararse a una resolución de deslinde ni sustituir el procedimiento de apeo y deslinde, con intervención de los afectados y las garantías previstas en la normativa. La inquietud se extiende a las limitaciones que puede generar la delimitación de cauces sobre los terrenos colindantes. La legislación establece, con carácter general, una zona de policía de 100 metros de anchura en cada margen, en la que se condicionan los usos del suelo y las actividades, y una zona de servidumbre de cinco metros para uso público. Estas afecciones pueden traducirse, según la actuación y la zona, en exigencias de autorización para obras y construcciones, condicionantes para movimientos de tierras, rellenos y nivelaciones, y limitaciones para caminos, canalizaciones u otras instalaciones. Se suman las reglas sobre plantación y corta de arbolado en la zona de servidumbre y las restricciones vinculadas al riesgo de inundación y a la protección del dominio público hidráulico.

Para ASAJA Córdoba, una identificación incorrecta de un cauce puede extender sus consecuencias más allá de la superficie señalada en el mapa y «comprometer futuras inversiones, mejoras e infraestructuras necesarias para la actividad agraria». La organización pide a la Administración que aclare el alcance jurídico del Inventario, revise los posibles errores y garantice que su cartografía no se utilice por sí sola para alterar derechos de propiedad o concesiones de riego. Defiende que la protección de los cauces vaya acompañada de rigor técnico, seguridad jurídica y respeto a los derechos de los agricultores.